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No, no debe seguir pagando, pues la ineficacia o resolución del contrato de consumo conllevará también la ineficacia del contrato destinado a su financiación. Así lo prevé la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo.

La vida del contrato de financiación que se ha suscrito vinculado a la compra de un producto o a la prestación de un servicio se halla ligada a la vida del contrato principal, es decir, al de compra del bien o de prestación del servicio. En este sentido, el artículo 29 de la Ley de créditos al consumo prevé que el  consumidor pueda ejercitar los mismos derechos que le correspondan frente al proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un contrato de crédito vinculado, frente al prestamista, siempre que concurran todos los requisitos siguientes:

a) Que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan sido entregados en todo o en parte, o no sean conforme a lo pactado en el contrato.

b) Que el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene derecho. En cuanto a la reclamación, aconsejamos que se dirija tanto contra el proveedor del bien o servicio como contra el prestamista, para evitar que este último alegue indefensión por desconocer la existencia de tal reclamación.

De acuerdo con lo que se ha explicado, si por ejemplo, el vehículo comprado mediante financiación sufre cualquier defecto que nos permita anular el contrato de compra, si éste se anula, se rescinde o queda sin efecto, también se anulará, rescindirá o quedará sin efecto el contrato de financiación. Y lo mismo cabe decir en el caso de que la prestación de servicios que se han contratado de modo continuado (como sucede con las academias, servicios odontológicos y similares) deje de percibirse, por ejemplo, por el caso harto frecuente de cierre por crisis del empresario.

Por otra parte, cuando se trate de contratos en los que el consumidor tenga el derecho de desistimiento, y que hayan sido igualmente financiados, de acuerdo con la Ley, si el consumidor ha ejercido su derecho de desistimiento respecto del contrato de suministro de bienes o servicios financiado en todo o en parte mediante un contrato de crédito vinculado, dejará de estar obligado por este último contrato sin penalización alguna, ya que el desistimiento por pate del consumidor y usuario tiene como efecto legal la extinción automática y sin coste alguno de todo contrato complementario.

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En estos casos, se aconseja en primer lugar formular reclamación extrajudicial contra el empresario y contra la entidad que ha financiado el producto o servicio , pues dichas reclamaciones serán indispensables como prueba, junto los contratos firmados y los recibos pagados hasta el momento. Después se aconseja reclamar a través de la vía del Arbitraje de Consumo. (Véase la Solicitud general de arbitraje de consumo ). Para más información sobre la reclamación contra la entidad financiera, puede consultar el apartado 2 Servicios Financieros.

También puede acudir a la vía judicial en defensa de sus intereses. El consumidor puede acudir a esta vía por sí mismo, sin necesidad de abogado ni de procurador, sólo en el caso de que el valor económico de la cuestión que se somete a juicio sea inferior a 900 €. Para cuantías superiores debe contratar los servicios de un abogado y un procurador. Véase la Demanda judicial de juicio verbal (sin intervención de abogado ni procurador) .

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