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De acuerdo con la Ley, los contratos de crédito en los que interviene un consumidor, cuyo importe supere los 200 €, deben constar por escrito en papel o en cualquier otro soporte duradero, entendiendo por tal todo instrumento que permita al consumidor conservar la información que se le transmita de forma que en el futuro pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adaptado a los fines de dicha información, y que permita la reproducción idéntica de la información almacenada; así mismo, debe redactarse en una letra que resulte legible y con un contraste adecuado y se formalizarán en tantos ejemplares como partes intervengan, debiéndose entregar a cada una de ellas su correspondiente ejemplar, debidamente firmado. Si el contrato no se otorga de esta forma, será anulable.

Los contratos de crédito firmados por un consumidor deben tener, al menos, el siguiente contenido:

  • El tipo de crédito

  • La identidad y domicilio social de las partes contratantes y del intermediario de crédito, si existe.

  • La duración del contrato de crédito.

  • El importe total del crédito y las condiciones de disposición del mismo.

  • Si el crédito  constituye una forma de pago diferido de un bien o servicio, así como en el caso de los contratos de crédito vinculados, el producto o servicio y su precio al contado. En este caso debe facilitarse al consumidor la información sobre el cese de la obligación del consumidor con relación al crédito si ha ejercitado el derecho de desistimiento del contrato principal relativo al bien o servicio, así como la posibilidad de ejercitar los derechos que le asisten no sólo frente al empresario, sino también frente al prestamista, si se cumplen los requisitos previstos en la Ley.
  • El tipo deudor (tipo de interés, que puede ser un porcentaje fijo o variable) y las condiciones de aplicación de dicho tipo y, si se dispone de ellos, los índices o tipos de referencia aplicables al tipo deudor inicial, así como los períodos, condiciones y procedimientos de variación del tipo deudor y, si se aplican diferentes tipos deudores en diferentes circunstancias, la información arriba mencionada respecto de todos los tipos aplicables. El prestamista debe poner gratuitamente a disposición del consumidor un extracto de cuenta en forma de cuadro de amortización en cualquier momento a lo largo de toda la duración del contrato de crédito.

  • La Tasa Anual Equivalente (T.A.E.) y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito. Se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje.

  • El importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el consumidor y, cuando proceda, el orden en que deben asignarse los pagos a distintos saldos pendientes sometidos a distintos tipos deudores a efectos de reembolso.

  • En caso de amortización del capital de un contrato de crédito de duración fija, el derecho del consumidor a recibir gratuitamente un extracto de cuenta, en forma de cuadro de amortización, previa solicitud y en cualquier momento a lo largo de toda la duración del contrato de crédito.

  • Si deben pagarse recargos e intereses sin amortización de capital, una relación de los períodos y las condiciones de pago de los intereses deudores y de los gastos conexos recurrentes y no recurrentes.

  • Cuando proceda, los gastos de mantenimiento de una o varias cuentas que registren a la vez operaciones de pago y de disposición del crédito, salvo que la apertura de la cuenta sea opcional, los gastos relativos a la utilización de un medio de pago que permita efectuar tanto operaciones de pago como de disposición del crédito, así como los demás gastos derivados del contrato de crédito y las condiciones en que dichos costes pueden modificarse.

  • El tipo de interés de demora aplicable en el momento de la celebración del contrato de crédito y los procedimientos para su ajuste y, cuando proceda, los gastos por impago.

  • Las consecuencias en caso de impago.

  • Cuando proceda, una declaración que establezca el abono de gastos de notaría.

  • Las garantías y seguros a los que se condicione la concesión del crédito, cuya contratación se ajustará a la legislación específica de los mismos.

  • La existencia o ausencia de derecho de desistimiento y el plazo y demás condiciones para ejercerlo, incluida la información relativa a la obligación del consumidor de pagar el capital dispuesto y los intereses, indicando asimismo el importe del interés diario.

  • El derecho de reembolso anticipado, el procedimiento aplicable, así como en su caso información sobre el derecho del prestamista a una compensación, que en todo caso debe ser justa y estar justificada objetivamente por los posibles costes directamente derivados del reembolso anticipado del crédito, así como sobre la manera en que se determinará esa compensación. En caso los de reembolso anticipado y en los casos en que el contrato de crédito tenga vinculado uno de seguro, el derecho del prestatario a la devolución de la prima no consumida en los términos que establezca la póliza.

  • El procedimiento a seguir para ejercer el derecho de poner fin al contrato de crédito.

  • La existencia o no de procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso para el consumidor, y, en caso de que existan, la forma en que el consumidor puede acceder a ellos.

  • Las demás condiciones del contrato, cuando proceda.

  • El nombre y dirección de la autoridad de supervisión competente.

Si la entidad incumple su deber de formalizar el contrato por escrito, el consumidor podrá pedir la anulabilidad del contrato.

Por otra parte, si el contrato no contiene mención a la tasa anual equivalente, la obligación del consumidor se reduce a abonar el interés legal en los plazos convenidos; si el contrato no contiene el importe, el número y la periodicidad de los pagos que deberá efectuar el consumidor o el orden en que deben asignarse dichos pagos a distintos saldos pendientes sometidos a distintos tipos deudores a efectos de reembolso, siempre que no exista omisión o inexactitud en el plazo, la obligación del consumidor se reducirá a pagar el precio al contado o el nominal del crédito en los plazos convenidos. Si existe omisión o inexactitud de los plazos, el pago no podrá ser exigido al consumidor antes de la finalización del contrato. En el caso de que los datos figuren en el documento contractual pero sean inexactos, se modularán las consecuencias que acabamos de exponer, en función del perjuicio que debido a tal inexactitud sufra el consumidor.

En todo caso, el prestamista o, en su caso, por los intermediarios de crédito, deben facilitar al consumidor explicaciones adecuadas para que éste pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus intereses, a sus necesidades y a su situación financiera. Asimismo deberán facilitar de forma gratuita al consumidor, con la debida antelación y antes de que éste asuma cualquier obligación, la información a la que se refiere este apartado, pues esta información es precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito.

El consumidor puede plantear la correspondiente reclamación judicial, si bien tiene una vía específica de defensa: la presentación de una reclamación o una queja, por escrito, ante el DEFENSOR DEL CLIENTE. Véase la Reclamación ante el Defensor del cliente de servicios financieros . 

Para más información puede leerse lo indicado en los distintos epígrafes del apartado 2.1.2.

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