Suministros Domésticos

 

 

Con carácter general, los contratos de suministro de electricidad en baja tensión celebrados entre los comercializadores y consumidores tienen una duración máxima de 1 año, pudiéndose prorrogar tácitamente por períodos de la misma duración.

-       Contratos de suministro a Precio Voluntario para el Pequeño consumidor (PVPC).

El Comercializador de Referencia (COR) deberá remitir al consumidor una comunicación, por escrito o por cualquier medio en soporte duradero, con una antelación mínima de dos meses donde conste la fecha de finalización del contrato, indicando que si el consumidor no solicita un nuevo contrato, con la propia comercializadora de referencia o con cualquier otra comercializadora, a partir de la fecha de finalización, le seguirá siendo de aplicación el precio voluntario para el pequeño consumidor con la misma comercializadora de referencia, indicando las condiciones del contrato correspondientes al mismo.

El consumidor tendrá la facultad de resolver el contrato antes de su finalización o de la finalización de cualquiera de sus prórrogas, sin coste alguno.

El consumidor puede poner fin al contrato por un cambio de comercializador, en cuyo caso el consumidor lo comunicará a la comercializadora entrante a efectos de que éste lo comunique al distribuidor que corresponda y se inicie el procedimiento de cambio de comercializadora. Dicho cambio debe producirse en un plazo máximo de 21 días, contados desde que el distribuidor recibió la solicitud. No obstante, si no es preciso realizar actuaciones sobre las instalaciones, el consumidor podrá optar por que el cambio de comercializador se haga dentro del plazo máximo de 15 días siguientes a la solicitud, cuando corresponda según ciclo de lectura o también en fecha elegida por él, lo que comunicará a la comercializadora.

-       Contratos relativos a la oferta a precio fijo anual.

El consumidor puede rescindir unilateralmente el contrato a precio fijo anual antes de su finalización, pero en tal caso la comercializadora de referencia puede imponer penalizaciones siempre que acredite que la resolución unilateral le causa daños y que las mismas se hayan previsto en el contrato. En ningún caso las penalizaciones pueden exceder del 5% del precio del contrato por la energía estimada pendiente de suministro.

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