Suministros Domésticos

 

 

A partir de 1 de enero de 2003, y a consecuencia de la normativa europea, se puso en marcha la liberalización del mercado de la energía eléctrica, en la que los consumidores podían elegir un suministrador de energía eléctrica a un precio no regulado por el Gobierno. Con la apertura del mercado, los consumidores pueden elegir libremente a su comercializadora y encontrar mejores precios y servicios en el mercado.

Si bien, a partir del 1 de julio de 2009, se produjeron grandes cambios encaminados hacia la plena liberalización del mercado de la energía eléctrica. Se dio así el paso de un sistema regulado a otro liberalizado, en el que coexisten el mercado libre y la tarifa fijada por el Gobierno (la tarifa de último recurso o TUR).

Desde el 1 de julio de 2009, los consumidores pueden elegir libremente quién les suministra la electricidad, ya que se puso en marcha el suministro de último recurso, quedando extinguidas las “tarifas integrales”, fijadas administrativamente, y dando paso a la nueva Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que pueden acogerse los consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior o igual a 10 kW.

En año 2013 tiene lugar la aprobación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en adelante LSE. Esta LSE se caracteriza por ser la norma básica del sector. Entre los diversos cambios que se plantea esta norma que regula el sector se introduce los nuevos Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC), un cambio más conceptual que de contenido. Estos PVPC, en línea con la Tarifa de Último Recurso (TUR), son los precios máximos que podrán cobrar las comercializadoras de referencia a los consumidores que se acojan a ellos, para lo cual deberán cumplir con determinados requisitos de aplicación.

Con fecha 1 de abril de 2014, entró en vigor la normativa que regula el nuevo sistema para determinar el coste de energía de la factura de electricidad, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Además, el 25 de diciembre de 2016 entró en vigor el Real Decreto-Ley 7/2016, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable, cuyo desarrollo reglamentario de dichas medidas adoptadas se han producido posteriormente en el mes de octubre de 2017 con el Real Decreto 897/2017.

De conformidad con lo anterior, las empresas distribuidoras han dejado de suministrar la electricidad, y sólo realizarán la gestión y el mantenimiento de la red de distribución y serán las responsables de la medida del consumo y de los aspectos técnicos del suministro, entre ellos, la calidad del suministro (calidad del producto y continuidad, cortes e interrupciones).

Las empresas comercializadoras serán las que suministren la electricidad y las que facturen. Estas empresas son las que pueden vender la energía eléctrica a los consumidores. De esta forma, el consumidor establecerá con la comercializadora una relación comercial para la contratación, la facturación, así como para el planteamiento de consultas y reclamaciones. 

 

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